Actualmente, Argentina cuenta con dos proyectos de litio en marcha que se encuentran en plena expansión de su capacidad productiva: conjuntamente, ambos exportaron por alrededor de U$D 700 millones durante 2022 y generaron más de 8.000 empleos registrados. La suspensión de concesiones y permisos daña este potencial a futuro en la región, tanto para las inversiones en curso como para aquellas que se están planificando para los próximos años.
Como toda actividad productiva que requiere de inversiones a largo plazo, la puesta en valor de recursos como el litio necesita de leyes que brinden previsibilidad de largo plazo y que potencien a las empresas que ponen en valor activos como el litio. La promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de: transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones.
Tal como lo manifestara la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), si se consideran los proyectos más avanzados, la industria del litio prevé inversiones por U$D 5.000 millones en los próximos años. En la región del NOA, Argentina cuenta con seis proyectos en construcción y cerca de veinte en diferentes estadios de avance. Cuando se alcance la etapa productiva, el país podría ubicarse en el tercer puesto a escala global.
En función del futuro inmediato, resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada y que se encuentra -a tal efecto- a consideración del gobernador de la provincia de La Rioja, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo. Solicitamos abrir una nueva instancia de diálogo institucional que permita incorporar en la normativa los aportes del sector productivo, respetando las reglas de juego que son las únicas que dan certidumbre y confianza para la inversión productiva como único camino sostenible hacia el desarrollo productivo, territorial y sustentable y la generación de empleo genuino que garantice la inclusión social.
