La Corte Suprema de la Provincia de Tucumán hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nª 1961/3 del 12/09/2002 solicitado por la actora.
El mencionado decreto dejó sin efecto la alícuota cero en los Impuestos a los Ingresos Brutos y Salud Pública para actividades que estaban amparadas, en ese aspecto, por las normas del Pacto Federal Fiscal para el Empleo, Producción y Crecimiento.
Entre otros fundamentos señala que la Provincia “…. jamás negó estar dentro del marco previsto por mencionado Pacto cuya nota distintiva como acuerdo es la bilateralidad lo que no sólo genera derechos sino también obligaciones” y que “… por su art. 4* se encontraba obligada a cumplir con los mecanismos de supresión de impuestos que afectaban el desarrollo económico de la Provincia, Ingresos brutos entre otros”.
